Reducir el tamaño del Estado, empezando por los privilegios y negocios de la política, y prohibir nuevas designaciones de personal. Esto no significa que haya que despedir empleados, sino que lo que se busca es revalorizar el trabajo del buen empleado público y que el mismo no dependa de los intereses políticos de turno.

También es necesaria una re-estructuración profunda de la administración pública en todos sus niveles, con el objetivo de aumentar la eficiencia y transparencia del Estado con un mejor aprovechamiento de los recursos.

​Un Estado pequeño es menos corrupción y más libertad.

Bajar proporcionalmente los impuestos, eliminar regulaciones innecesarias y reducir la burocracia estatal para fomentar la inversión privada, la creación de nuevos emprendimientos y el desarrollo económico de Santa Cruz. Esto generará muchos puestos de trabajo de calidad en distintos sectores.

También se impulsaran incentivos fiscales que ayuden a diversificar la economía provincial, ya sea a través de la explotación responsable de minerales e hidrocarburos, pesca, agricultura, servicios e industria en general, y obviamente el aprovechamiento de nuestros atractivos turísticos.

Además, se eliminará el famoso “Aporte Solidario” (que en realidad es obligatorio), un impuesto totalmente inmoral y burlesco para con los jubilados de toda la provincia.

Recomponer la educación provincial en todos sus niveles, pensando en ella como una inversión a futuro y no como un gasto innecesario. Esto no solo incluye mejorar las condiciones edilicias, sino también proveer los recursos necesarios para que los jovenes puedan completar una formación académica que los deje bien parados de cara a su vida profesional.

Creemos que la profesión docente debe ser revalorizada en todos sus aspectos, a través de mejores salarios, capacitaciones constantes y exámenes de aptitud.

También proponemos cambiar la manera en que se financia la educación provincial, adoptando un sistema de vouchers estudiantiles; esto significa que el Estado pasaría a financiar la demanda académica en lugar de la oferta. La educación seguiría siendo gratuita, y el voucher podrá ser canjeado en la institución (de gestión pública o privada) que más se adecue a los requerimientos de la familia a la hora de educar de sus hijos.

Esto haría que las escuelas compitan entre ellas para conseguir más alumnos (o sea, obtener más financiación), lo que elevaría el nivel de las instituciones y las “obligaría” a mejorar los servicios que ofrecen para seguir siendo competitivas.

Desde nuestra concepción del Estado, creemos que el mismo solo debe limitarse a brindar los servicios básicos que la sociedad precisa. Es por eso que se procederá a hacer un riguroso estudio sobre el estado de las empresas y organismos estatales para así determinar el proseguir con las mismas.

Algunas de ellas, como por ejemplo Banco Santa Cruz (BSC) o Canal 9, serán privatizadas debido a que no son indispensables para el funcionamiento del Estado, además de funcionar como operadores del gobierno de turno:

• El gobierno obliga a todos los empleados públicos de la provincia a contratar los servicios del Banco Santa Cruz, una entidad que hace décadas funciona de forma decadente, tiene manejos espurios del dinero de los usuarios y no responde ante las constantes quejas y pedidos de información por parte de los mismos.

• De la misma forma, el gobierno de Santa Cruz financia a través de la Subsecretaría de Información Pública (que depende del Ministerio de Gobierno) a Canal 9, su principal brazo mediático. Además de ser utilizado para operar contra opositores, también recibe una clara bajada de línea por parte de los funcionarios para emitir un discurso sin objetividad ni realista sobre la situación de la provincia, y eso sin contar de que la mayor parte del tiempo retransmite la señal de Televisión Pública Argentina (TVP, Canal 7) debido a que casi no cuenta con programación propia.